En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las Naciones Unidas hacen un llamado al liderazgo mundial a que asuma la responsabilidad de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles y en todas las zonas de residencia de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. En la República Dominicana, el Sistema de las Naciones Unidas invita a la sociedad dominicana y sus representantes a unirse a esta iniciativa. 

Las mujeres dominicanas enfrentan diversas dificultades para aspirar y ser electas en puestos públicos, esto se evidencia en las cifras: del total de 1,451 mujeres electas a distintas posiciones en las elecciones del 2016, 816 (56%) ocupan posiciones secundarias. En el Poder Legislativo, sólo hay 3 senadoras (9.37%) y 53 diputadas (27.8%) para 32 y 190 escaños respectivamente. En la Cámara de Diputados, más del 70% de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de comisiones son asumidas por hombres. En cuanto a las vocerías de los partidos en la Cámara, en las últimas dos décadas sólo en una ocasión hubo una mujer vocera de un partido en la Cámara de Diputados.  

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

La Estrategia de Montevideo, adoptada en la XIII Conferencia Regional de la Mujer, se sumó al compromiso con la Democracia Paritaria, reconociendo que ésta “como criterio –cuantitativo y cualitativo– constituye un pilar central en la generación de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres”. 

Asimismo, la Constitución Dominicana establece en su artículo 39 el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la representación equilibrada entre mujeres y hombres en espacios de toma de decisión. La Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dicta que las juntas electorales no admitan listas de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres. Sin embargo la Ley Orgánica núm. 15-19, del Régimen Electoral recién aprobada en la Cámara de Diputados, en su artículo 136 establece que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las Regidurías y vocales deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional. 

De ser implementada de esa manera, esta ley representaría un retroceso a los logros en materia de participación política y representatividad de las mujeres ya que no existiría garantía de candidaturas de mujeres en todas las demarcaciones, sino que se corre el riesgo de que los partidos las coloquen en las circunscripciones con menor posibilidad de resultar electas. En la actualidad 12 provincias no cuentan con representación femenina en el Senado y/o la Cámara de Diputados, esto significa que con la propuesta del 40%-60% a nivel nacional podría aumentar el número de provincias sin esa representación.

El país pierde el 44% de su potencial de desarrollo humano debido a la desigualdad de género ; por lo tanto en el contexto del proceso electoral del 2020 y con el objetivo de promover la participación política de las mujeres, el Sistema de Naciones Unidas, está convencido de que la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones del estado, es esencial para construir y sostener la democracia.

Para esto, se requiere de apoyos a las mujeres para promover su participación en procesos electorales como ciudadanas plenas y con acceso de manera segura a las mesas electorales; además de garantizar la protección contra la violencia y el acoso relacionados con la participación política en general y de manera particular durante los procesos electorales; además del uso de cuotas efectivas y medidas especiales temporales para aumentar la representación de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones; el apoyo técnico y financiero efectivo a mujeres candidatas y lideresas políticas; y la participación de hombres aliados  para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

Contar con una participación y representación creciente de mujeres en la esfera política, hasta llegar a la representación equilibrada entre mujeres y hombres en 2030, es clave para alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.