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Gobierno, organismos internacionales y sociedad civil se comprometen a mejorar la respuesta integral a la violencia de género en SPM

10 Diciembre 2019

El proyecto Prevención, detección y atención a la violencia basada en género que cuenta con la asesoría técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) busca aportar respuestas para  impulsar el cese de las violaciones a los derechos humanos contra las mujeres y las niñas.

San Pedro de Macorís.- Cerca de una decena de instituciones estatales y de la sociedad civil, lideradas por el Ministerio de la Mujer (MMUJER), con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se comprometieron a ejecutar el plan de acción para dar respuesta coordinada a la violencia basada en género (VBG) en San Pedro de Macorís, en el marco del proyecto «Prevención, detección y atención a la Violencia Basada en Género».
 
Tras un proceso de diagnóstico sobre los servicios ofrecidos a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia y las capacidades institucionales, como parte de las acciones que impulsa ACNUR en la localidad, se evidenció la necesidad de mejorar la capacidad de prevención, detección y atención a la violencia por parte de las instituciones gubernamentales, en coordinación con las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que desarrollan iniciativas en esa provincia del este.

El «Compromiso interinstitucional para garantizar y respetar la vida y dignidad de las mujeres y niñas de San Pedro de Macorís» fue firmado por los ministerios de la Mujer (MMUJER), Educación (MINERD) y Salud Pública (MSP); la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Poder Judicial (PJ) y la Procuraduría General de la República (PGR). También rubricaron el documento la Gobernación provincial, la Alcaldía del municipio y el UNFPA.

«Nos comprometemos a mejorar nuestras relaciones interinstitucionales, modificar nuestras políticas y prácticas para mejorar la coordinación; incrementar el acceso a nuestros servicios y mejorar su prestación; concienciar sobre los derechos de las víctimas sobrevivientes», cita el acuerdo.
 
Estas instituciones expresaron entender que el problema de la violencia intrafamiliar, sexual y contra las mujeres no puede ser resuelto de manera unilateral, por lo que firmaron el compromiso que busca impulsar la participación decidida y coordinada de los diversos sectores, instituciones y de la sociedad civil para identificar las necesidades de las sobrevivientes de violencia que demandan los servicios y garantizar la respuesta oportuna y el intercambio de información interinstitucional para que las personas que han sufrido violencia basada en género reciban atención integral y se reduzca la cantidad de veces que tienen que relatar lo sucedido en busca de acciones reparadoras.

Implementación del proyecto
El proyecto de prevención, detección y atención a la violencia basada en género busca aportar respuesta e impulsar el cese de una de las más comunes violaciones a los derechos humanos en la actualidad y que suele no ser denunciada ni recibir respuesta oportuna a nivel institucional y social, en correspondencia con los esfuerzos que buscan dar respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco que aborda las metas con la igualdad de género.

La idea es minimizar hasta erradicar la falta de conocimiento de los servicios y el estigma al reportar casos de violencia, al tiempo de mejorar la calidad de la atención e incrementar la disponibilidad de recursos económicos.
 
En este sentido, el ACNUR y el UNFPA se comprometieron a brindar acompañamiento y apoyo a las organizaciones gubernamentales ligadas al tema, para conformar un espacio local de articulación fortalecido a través de jornadas de sensibilización y ejecutar un plan de acción local elaborado a través de un proceso consultivo, para dar respuesta a la violencia, fortalecer la cohesión con los recursos del territorio por parte de las instituciones que integran el espacio local de articulación y  compartir las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso para incentivar a la sociedad civil y a las autoridades locales a replicar la experiencia y a adoptar las herramientas resultantes de la implementación. 
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