De ser cierta la información que recientemente nos ha llegado desde diferentes partes del mundo sobre la práctica de procedimientos de salud reproductiva invasivos e irreversibles sin el conocimiento o consentimiento de la persona que se ve sometida a ellos, constituye un motivo de alarma que debemos tomarnos muy en serio. La negación del poder de decisión que toda mujer ha de poseer a la hora de determinar si desea quedarse embarazada, cuándo y con qué frecuencia supone una violación de sus derechos humanos, los cuales gozan de reconocimiento internacional. No se trata de una postura adoptada únicamente por el UNFPA —el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva—, sino también por los 179 gobiernos que, en 1994, aprobaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; en él, se reconoce que todos los individuos tienen derecho a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a adoptar decisiones sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia.

El UNFPA condena vehementemente toda violación de los derechos reproductivos y en materia de salud sexual y reproductiva de los que han de gozar las mujeres, con independencia del lugar donde se produzca dicha vulneración.