El embarazo y la maternidad de adolescentes en la República Dominicana representan un desafío de gran importancia para las políticas públicas, en vista de los factores macrosociales que inciden en los mismos. La prevalencia del embarazo y la maternidad en adolescentes es muy alta y se ha mantenido sin cambios en la última década. La carga financiera y los impactos indirectos del embarazo y la maternidad en los adolescentes, los hogares y el Estado son muy elevados. Es precisamente uno de los objetivos del presente informe estimar el costo de los servicios de salud en atención al embarazo y la maternidad de adolescentes en el país, así como analizar su impacto sobre el Sistema Nacional de Salud. De la misma manera, este trabajo tiene por fin identificar las fallas de los servicios de atención al embarazo y la maternidad de adolescentes en los principales centros de salud del país.
La caracterización del embarazo y la maternidad adolescente nos muestra la complejidad de la realidad que viven las adolescentes en los barrios urbano-marginales de Santo Domingo, que son el locus del estudio. Estas adolescentes conviven en un contexto social plagado de riesgos en donde la violencia, la vulnerabilidad social, el hacinamiento, la falta de opciones educativas y de movilidad social son parte de su cotidianidad. Las madres adolescentes se encuentran en un tejido social denso totalmente desprotegidas por el Estado, el sistema educativo y el sistema de salud. La ausencia de una conciencia de su rol como madres adolescentes y de su potencial de empoderamiento social tiene que ver con su exclusión del sistema educativo y del sistema de salud, además con la ausencia de espacios de apoyo efectivo hacia esta población.
En los hospitales materno-infantiles de tercer nivel como el San Lorenzo de los Mina o Nuestra Señora de La Altagracia, las fallas en los servicios de atención al embarazo y la maternidad de adolescentes están relacionadas con la fragmentación y discontinuidad de los servicios que se ofrecen, en particular, los relativos a los programas de promoción y prevención. Se observa tal desintegración al interior del hospital, entre el programa de atención a las adolescentes y los demás servicios que ofrecen los hospitales, así como dentro del modelo de atención de salud. Sobre este último aspecto, se supone que las adolescentes embarazadas sean identificadas en sus propias comunidades y pasen por sus respectivas unidades de atención primaria a través de las cuales se les brindarían los servicios correspondientes al primer nivel de atención, así como los medicamentos, si es que no se les detectase en las fases iniciales riesgos asociados al embarazo. Es a la comunidad donde se deben llevar los programas de promoción de las buenas prácticas (como la lactancia) o de reconocimiento temprano del riesgo asociado al embarazo temprano.
Los hospitales de tercer nivel funcionan como hospitales receptores directos de las embarazadas en cualquier etapa de su embarazo, sin considerar el nivel de riesgo asociado al embarazo temprano en adolescentes que muchas veces tienen menos de 15 años de edad. Esta fragmentación en el modelo de atención no permite un seguimiento y detección temprana de aquellos embarazos que tienen altas probabilidades de riesgo, elevando así los costos de atención en todo el proceso del embarazo.
Utilizando una metodología de estimación indirecta, se utilizaron las tarifas que pagan los seguros de salud por tipo de servicio, de acuerdo al protocolo de atención, para estimar el costo de atención del embarazo y la maternidad en adolescentes. Para tal fin se hizo una diferenciación entre un parto normal, uno por cesárea y otro con complicaciones desarrolladas durante el embarazo. El costo promedio estimado fue de $64,525 en una clínica privada y $32,419 en un hospital público. De este costo, el mayor porcentaje corresponde al pago de honorarios de médicos y del personal de salud que participa en la atención (51% del costo total en las clínicas privadas versus el 48% en los hospitales públicos). De la misma manera, las labores de parto (ya sea vaginal o por cesárea) son las que absorben mayores recursos (44% en clínicas privadas y 58% en hospitales públicos), seguidas por los controles prenatales o durante el embarazo.
El gasto total directo para los servicios de atención al embarazo y la maternidad en adolescentes se estimó en 2,103.3 millones de pesos anuales , de los cuales el 57% o 1,189.2 millones de pesos corresponden al gasto en los hospitales públicos y el 43% o 914.1 millones de pesos al gasto en clínicas privadas. En comparación con el presupuesto en servicios de salud colectiva con recursos internos (1,235.8 millones de pesos), el gasto total directo estimado en la atención al embarazo y la maternidad de adolescentes fue 1.7 veces mayor. El gasto total directo estimado en los hospitales públicos para la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes correspondió al 96% del nivel presupuestado en todos los servicios de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública. Comparado con los recursos presupuestados para el programa nacional de promoción y control materno infantil, el gasto total en atención al embarazo y maternidad en adolescentes fue 21 veces mayor, mientras que el gasto total en hospitales públicos fue 11.9 veces mayor. Para el año 2013 , el gasto total directo estimado en los servicios de atención al embarazo y la maternidad de adolescentes representó el 5% del gasto público total en salud presupuestado en el país.
El gasto directo de los hogares para la atención de salud relativa al embarazo y maternidad de adolescentes se estimó en un 34.6% del gasto total en dichos servicios; es decir en 728.7 millones de pesos anuales. Es evidente, entonces, que el gasto de bolsillo representa una carga importante para los hogares en el país.
El costo estimado en la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes para un año, representa 33 veces la inversión estimada del Plan Nacional de Prevención del embarazo de adolescentes. Estos datos demuestran que la prevención es más costo-efectiva, además, que promueve la inclusión social y disminuye la mortalidad y morbilidad asociada a los embarazos en adolescentes.
Está claro que la sociedad pierde mucho más, puesto que en el presente trabajo no se estiman los costos indirectos e intangibles asociados con la maternidad de adolescentes en el país. Representa así un imperativo tomar las acciones de lugar para que los recursos financieros necesarios para el Plan Nacional de Prevención estén asegurados.