Santo Domingo, R. D.- En el marco de las acciones de articulación intersectorial bajo la Política de Prevención y Atención a las Uniones tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA), el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organizaron el conversatorio de alto nivel sobre el estudio «Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en la República Dominicana», a fin de analizar el estatus de la situación, socializar las propuestas que incluye el estudio implementado con la metodología MILENA 1.0 y articular esfuerzos para ejecutarlas, con miras a reducir esta práctica nociva que limita el desarrollo pleno de las adolescentes y jóvenes dominicanas.
La investigación establece que el impacto total del embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana en República Dominicana, en 2018, ascendió a RD$12,151,000,000 (US$245,000,000), equivalentes al 0.29% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. Además, indica que el gasto total en salud debido al embarazo en la adolescencia fue de al menos 21 millones de dólares estadounidenses del Estado en cuidado y atención para el embarazo, parto, puerperio y atención de recién nacidos/as de adolescentes entre 10 y 19 años. A esto se suma la pérdida fatal que representan las niñas y adolescentes afectadas por la mortalidad materna, estimadas en 123 por cada 100,000 nacimientos de madres en ese grupo etario (2018), quienes hubieran aportado 193 millones de pesos dominicanos durante su vida productiva.
Este monto, que representa la pérdida absoluta de ingresos que dejaron de percibir las mujeres que tuvieron su primer/a hijo/a en la adolescencia, fue obtenido a través de la implementación en la República Dominicana, con datos del 2018, de la “Metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescentes en países de América Latina y el Caribe”, denominada Milena 1.0, diseñada por la Oficina Regional del UNFPA.
El conversatorio sobre la investigación, desarrollada por UNFPA en 2019 y publicada en 2021, contó con la disertación del doctor Federico Tobar, asesor en aseguramiento de insumos de salud sexual reproductiva y sistemas de salud de la oficina regional de UNFPA para América Latina y el Caribe (LACRO). Tobar expuso las recomendaciones del estudio en materia de políticas aceleradoras para la reducción de los embarazos no intencionales en adolescentes, entre las que se incluye proveer a adolescentes servicios integrales, amigables y de calidad, con énfasis en salud sexual y salud reproductiva, incluyendo el uso de medicamentos, insumos o dispositivos para prevenir un embarazo no planificado.
El estudio también contempla la implementación de acciones que promuevan la educación integral de la sexualidad para avanzar en la reducción de experiencias desfavorables como la violencia en el noviazgo, los abusos sexuales y las uniones tempranas, pues en la realidad dominicana prevalecen factores claves que dan origen a estos embarazos y vulnerabilidades. Antes de la pandemia por la COVID-19 (2018-2019), 68 de cada 100 estudiantes no recibían ningún tipo de educación integral de la sexualidad, pese a que la iniciación sexual es cada vez más temprana, con 41% de las adolescentes dominicanas ya iniciadas. Este último porcentaje aumenta a 60.9 en el caso de las niñas y adolescentes del grupo socioeconómico más bajo.
Otro factor decisivo es el acceso a los anticonceptivos, en lo cual el país reporta una necesidad insatisfecha de 27% entre las adolescentes sexualmente activas. También influyen la desigualdad de género y la prevalencia de uniones tempranas antes de los 18 años, lo que se presenta en 36% de las adolescentes dominicanas.
Según el reporte del Estado de la Población Mundial 2022, República Dominicana ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con un aproximado de 22% de usuarias que descontinúan el uso de métodos anticonceptivos aun estando en situación de riesgo de tener un embarazo no intencional; precedido por Honduras y Perú.
Además, el reporte indica que el país permanece entre los de América Latina con las mayores tasas de fecundidad adolescente. Recoge también que el 84% de los embarazos ocurridos en mujeres de 15 a 49 años, durante 2015-2019, no fueron intencionales y entre 2004 y 2020 la tasa de natalidad adolescente se ubicó en 54 por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Solo en los servicios públicos de salud en el 2021, nacieron 25,190 niños y niñas de madres adolescentes, lo que equivale a 69 nacimientos por día y 22% de los nacimientos que ocurrieron en el país durante ese año.
Durante el conversatorio, Alberto Padilla, encargado de políticas, normas y regulaciones del CONANI, en representación de la directora ejecutiva, expresó que “CONANI en el ejercicio de su rol coordinador del gabinete y rector del sistema de protección, ha promovido y concertado en este espacio toda la voluntad del Estado y las instituciones para articular un esfuerzo interinstitucional y multisectorial en favor de la infancia y la adolescencia, para la prevención de las uniones tempranas y embarazos en adolescentes, estos dos flagelos limitan el desarrollo pleno de los derechos de la población joven”.
Sonia Vásquez, representante nacional del UNFPA destacó que la evidencia indica que la falta de educación de calidad, incluyendo la educación integral de la sexualidad, además del limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y la necesidad de proyectos de vida diferentes a la maternidad y a las uniones tempranas, son los elementos que propician embarazos no planificados a temprana edad.
“A la falta de educación sexual se suma la necesidad de suplir de manera continua la ausencia de insumos de planificación familiar, la cual se reflejó en los hallazgos del recién publicado reporte del Estado de la Población Mundial, que sitúa a la República Dominicana en el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con alrededor de 22% de usuarias que descontinúan el uso de métodos anticonceptivos, a pesar de estar en riesgo de un embarazo”, agregó Vásquez.
Asimismo, Tammy Santana, encargado del Departamento de Materno Infantil y Adolescentes del Viceministerio de Salud Colectiva, en el Ministerio de Salud Pública (MSP), afirmó que el estudio le pone números a una realidad conocida y que permitirá construir y planificar. “Nuestro entorno amerita mejorar, tenemos buenas prácticas porque no se ha iniciado desde cero, pero en la mayoría de los estudios se ha demostrado que seguimos siendo uno de los países con la mayor tasa de fecundidad, a pesar de ello se han presentado avances en el enfoque de la territorialidad del problema, planificando en base a las poblaciones más vulnerables”.
De cada 10 adolescentes que se embarazan, 6 no concluyen la educación secundaria y solo 6.2% completa estudios universitarios, por lo que dejan de percibir anualmente RD$2,569 millones de pesos (USD 51 millones), debido al menor nivel educativo alcanzado, en comparación con las mujeres que fueron madres adultas. El encuentro tuvo lugar el martes 13 de septiembre de 2022 en el salón de convenciones de CONANI.
