Como seguimiento de la Cumbre de Nairobi, la Comisión de Alto Nivel pide una acción urgente y ambiciosa para poner fin a las alarmantes disparidades en la justicia sexual y reproductiva
El primer informe del organismo asesor independiente llega en un momento en que la pandemia de COVID-19 ha evidenciado un retroceso desgarrador en los derechos de las mujeres y de las niñas.
Nueva York, 15 de noviembre de 2021. Dos años después de la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 —donde los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado se unieron voluntariamente para renovar el compromiso de cumplir las promesas de la histórica Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 en El Cairo— la Comisión de Alto Nivel para el seguimiento de la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 ha publicado su primer informe https://www.nairobisummiticpd.org/publication/no-exceptions-no-exclusions .
La Comisión, un organismo asesor independiente integrado por líderes eminentes de todo el mundo, se formó para dar seguimiento al progreso de los 12 compromisos de la Declaración de Nairobi. En su informe “No Exceptions. No Exclusions” [Sin excepciones. Sin exclusiones], la Comisión señala progresos en algunos compromisos, pero en general, observa un retroceso desgarrador en la salud y en los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Asimismo, pide una acción ambiciosa, deliberada e integral con objeto de lograr la justicia sexual y reproductiva para todas las personas, en particular las mujeres y las niñas.
“Las deficiencias en el financiamiento, el retraso decepcionante en la responsabilidad política y las fallas de los gobiernos para fortalecer los sistemas de salud y hacerlos resilientes y accesibles para todos han tenido un gran impacto en los derechos de las mujeres y de las niñas”, afirmó la Excelentísima Señora Michaëlle Jean, 27.ª Gobernadora General del Canadá y copresidenta de la Comisión. En el contexto de una pandemia y prioridades financieras contrapuestas, en el informe se destaca que la ausencia de servicios esenciales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos —en consonancia con los Compromisos de Nairobi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— se ha traducido en un aumento de las muertes maternas, los embarazos no deseados, los abortos inseguros, la violencia de género y el matrimonio infantil.
La pandemia también ha dejado al descubierto las flagrantes desigualdades entre las personas que sufren diferentes formas de discriminación interseccional por motivos de género, raza, edad, discapacidad, pobreza o condición de migrante o refugiado. En el caso de las mujeres y las niñas, aun cuando tienen acceso a los servicios, esto no garantiza su capacidad para hacer valer sus derechos (o hacer uso de los servicios), y se encuentran entre las más rezagadas. Los datos lo dejan bien claro: el 94% de las muertes maternas evitables ocurren entre mujeres pobres en países de bajos ingresos. La imposibilidad de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva es una de las principales causas de muerte de mujeres y niñas en entornos humanitarios, y el matrimonio infantil es más común entre las niñas pobres y con menos educación.
La Comisión pide un cambio de rumbo audaz: una agenda de justicia sexual y reproductiva. “Debemos ir más allá de la mera promesa de salud y derechos sexuales y reproductivos para garantizar que las personas tengan la capacidad de ejercer sus derechos. A tal fin, debemos eliminar los diferentes obstáculos que afrontan las familias y las sociedades en los sistemas de salud”, expresó el Excelentísimo Señor Jakaya Kikwete, expresidente de la República Unida de Tanzanía y copresidente de la Comisión.
La cobertura de salud universal y los sistemas de salud más sólidos y resilientes han de garantizar que la salud y los derechos sexuales y reproductivos sean servicios esenciales, y deben ser gratuitos. Las mujeres, los adolescentes y los jóvenes, las personas con género diverso y otras identidades, así como todos los que están más lejos de hacer realidad sus derechos, deben recibir aportes más claros e influyentes sobre cómo la atención de la salud puede satisfacer sus necesidades y defender sus derechos; paralelamente, debe haber un rechazo colectivo a las fuerzas regresivas. Deben ampliarse las opciones exitosas de cuidado personal y salud digital que surgieron por necesidad durante la pandemia y, al mismo tiempo, han de tomarse medidas deliberadas para colmar la brecha digital de género.
“Garantizar la justicia sexual y reproductiva es la forma de lograr la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos y para siempre”, afirmó la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem, en un evento organizado y transmitido en vivo por el UNFPA con motivo de la presentación del informe de la Comisión, en el que participaron figuras de alto nivel de todo el mundo. “La justicia depende de una acción ambiciosa y bien financiada para cumplir nuestros compromisos y hacer realidad, de una vez por todas, las promesas del Programa de Acción de la CIPD”.
La Dra. Kanem también elogió a la Comisión por su importante trabajo para garantizar que la comunidad internacional mantenga el impulso generado por la histórica Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 en 2019 y cumpla con los compromisos asumidos.
Más de 25 años después de la promesa asumida en El Cairo, los patrones de injusticia continúan socavando la resiliencia humana y el bienestar de todos. A medida que el mundo se enfrenta a una emergencia climática, al aumento de los conflictos y a una posible duplicación de las necesidades humanitarias para 2030, existe una gran posibilidad de que estas desigualdades interseccionales actuales se profundicen, con implicaciones para las personas, las familias, las comunidades, los países y la consecución de los ODS.
Sin duda, la pandemia ha desviado el progreso hacia el objetivo colectivo de lograr un futuro mejor y más igualitario para todas las mujeres y niñas, pero —tal y como se señala en el informe de la Comisión— también ha presentado una oportunidad para cambiar nuestro enfoque. La justicia sexual y reproductiva, respaldada por la voluntad política y por las inversiones inclusivas que respondan a las necesidades de todas las mujeres y niñas, es la forma de garantizar el acceso a la atención médica y a los recursos que necesitan para gozar de los derechos sobre su cuerpo y su futuro. Sin excepciones. Sin exclusiones.
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