El Gobierno dominicano aumentó su gasto público social en adolescencia y juventud, pasando de RD$76,591.1 millones en 2016 a RD$94,516.1 millones en 2018, lo que refleja un crecimiento de un 23.4%, de acuerdo con los datos del segundo estudio Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud en la República Dominicana, 2017-2018”, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en colaboración con el Ministerio de la Juventud (MJ), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Ministerio de Hacienda. 

El gasto público social en República Dominicana pasó de RD$ 264,200.2 millones en 2016 a RD$318,170.2 millones en 2018, reflejando un crecimiento de 20%, lo que representa el 2.3 % del Producto Interno Bruto. Al analizarlo por categoría, se observa que educación sigue siendo la abanderada, alcanzando un 52.3% del gasto total en servicios sociales en 2018. Salud representó 21.7% y protección social, 19.3%. Las de menor ponderación dentro del gasto social son vivienda con un 4.3% y deportes, actividades recreativas, culturales y religiosas, con un 4.3%.

La participación del GPSAJ dentro del gasto público social y del gasto público total ha fluctuado en torno a un 30.0% y un 13.8%, respectivamente, en el período 2012-2018. Respecto al gasto público total, el GPSAJ pasó de un 12.1% al inicio del período analizado, a un 13.7% en 2018.

Durante la presentación de este estudio, la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, destacó que el compromiso con el desarrollo de la juventud forma parte integral de la agenda nacional y las políticas públicas a todos los niveles de la institucionalidad del Estado.

“Con los resultados del Informe Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud 2012-2016, que fue el primero, y con el correspondiente al 2017-2018, tenemos información de calidad para verificar si las políticas públicas implementadas por el Gobierno, fruto de la visión del presidente de la República, Danilo Medina, tienen el impacto económico y social planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”, resaltó Balcácer.

Por su lado, la representante nacional del UNFPA, Sonia Vásquez, destacó que la actualización de la cuantificación del gasto público dirigido a la adolescencia y la juventud es muy importante para las autoridades y la sociedad en general, porque permite analizar la evolución del gasto y sus características, a fin de continuar realizando ajustes a favor de las personas jóvenes de la República Dominicana.

“Esta medición del gasto público social en adolescencia y juventud nos da la oportunidad de evaluar y garantizar que se invierta estratégicamente en la educación, las oportunidades de empleo y la salud, incluidos servicios de planificación familiar y salud sexual y reproductiva, para jóvenes y adolescentes, con el fin de aprovechar al máximo el potencial del dividendo demográfico, tal como establece uno de los compromisos centrales resultantes de la reciente Cumbre de Nairobi, a 25 años de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)”, puntualizó la funcionaria.

En el 2018, la República Dominicana se incorporó al grupo de países de América Latina y el Caribe que, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuantifican el gasto público social en adolescencia y juventud (GPSAJ) como indicador representativo de la inversión que realizan los Estados en el desarrollo de esta significativa proporción de la población, que constituye el soporte de mediano y largo plazo del progreso y crecimiento sostenible de las naciones. Las demás naciones son Uruguay, Paraguay, México, El Salvador Costa Rica y Colombia. 

En la actualización de este estudio, dirigido a la cuantificación del GPSAJ en República Dominicana, se confirma el compromiso e importancia de la inversión en esta población, lo que evidencia que continúa siendo parte de la agenda nacional, plasmada en programas e iniciativas que, de forma directa o indirecta, se dirigen a promover su bienestar y su desarrollo.  El estudio refleja que la prioridad fiscal está enfocada en la formación de capital humano entre la población adolescente y joven, puesto que al menos un 40% del GSPAJ se destina a gasto específico, es decir, a iniciativas diseñadas e implementadas con el objetivo de incidir de forma directa en las personas adolescentes y jóvenes. Además, es relevante la inversión en los sectores salud y educación, que concentran, en conjunto, al menos el 70% del GPSAJ en los siete países estudiados.

Desde el enfoque de género, se observa que la distribución se ha mantenido, fundamentalmente estable durante todo el período de análisis, si bien con tendencia de desaparecer la ligera brecha a favor de las mujeres que se observaba a inicios del período. En 2018 50.6% del GPSAJ correspondió a las mujeres y 49.4% a los hombres.
Entre los programas del GPSAJ focalizados del Ministerio de la Juventud están Juventud Despega, el de becas nacionales e internacionales Agentes del Cambio, Voluntariado Juvenil, de prevención de embarazos en adolescentes, Casas de la Juventud y Casa Pensión.

El estudio recomienda continuar impulsando políticas integradas y sostenibles que potencien la edad productiva de este importante segmento poblacional, mediante su incidencia en educación, salud sexual y reproductiva, empleo, igualdad de género, justicia social y derechos humanos. También realizar estudios que permitan evaluar el impacto de los aumentos en el gasto y las políticas focalizadas en beneficios de adolescentes y jóvenes de la República Dominicana.

Además, seguir creando espacios para capacitar, fortalecer y empoderar a la población adolescente y joven que vive con algún tipo de discapacidad, mediante la implementación de políticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y faciliten su inserción o reinserción en la sociedad, y fortalecer las políticas y programas de empleo que aumenten la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado laboral, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes.

Antecedentes
La primera estimación del GPSAJ para República Dominicana abarcó el período 2012-2016, y se realizó con base en el Manual Metodológico para la Cuantificación del Gasto Público dirigido a la Adolescencia y Juventud en los Países de América Latina (Colombo, 2016), adoptado por UNFPA y aplicado a nivel regional para estos fines.